Referencia: infobae
Inteligencia artificial para descubrir patrones ilegales
En solo cuatro meses de investigación, el equipo descubrió que la magnitud de la amenaza estaba mucho más extendida de lo que inicialmente imaginaron: la herramienta de IA logró identificar 128 posibles pistas en seis regiones amazónicas del Perú: Loreto, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Ucayali. “Lo que encontramos fue abrumador” afirmó Vélez, ya que el narcotráfico se había infiltrado en las áreas más protegidas de la Amazonía.
Violencia y deforestación en el “nuevo VRAEM”
El análisis de Mongabay exhibe un desplazamiento de rutas del narcotráfico hacia áreas menos controladas. “Esto solo confirma que los lugares apartados, remotos y a los que no se les presta mucha atención están siendo tomados. Frente a la presión en el VRAEM, las rutas para sacar la droga del país se han movido a otras regiones donde existe menos control”, explicó Vélez Zuazo.
Una de las principales consecuencias de la construcción de estas pistas es la deforestación: Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el 64% de la pérdida de bosques en el Perú entre 2018 y 2022 está directamente relacionada con el narcotráfico. Además, Mongabay indica que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 46 kilómetros de bosque, lo que equivale a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia.
Un impacto social devastador
Aparte de la destrucción del ecosistema, las comunidades indígenas del “triángulo de la muerte” enfrentan las repercusiones directas de la expansión del narco, como es el caso de dos comunidades vecinas yanesha, situadas en el límite entre las regiones de Huánuco y Pasco, que solas soportan la presión de 15 pistas. Aparte, diez narcopistas más han sido detectadas dentro de nueve concesiones forestales destinadas al aprovechamiento sostenible del bosque.
A pesar de las intervenciones del gobierno, las pistas se reabren rápidamente, lo que refleja la impunidad del narcotráfico y la vulnerabilidad de los pueblos originarios. Según el coronel PNP James Tanchiva, a los traficantes les basta una semana para restablecer las operaciones. “Las organizaciones que trafican drogas tienen buena logística, su brazo armado y dinero. Esa es la realidad”, señaló a Mongabay.
El equipo investigador espera que los hallazgos lleven a medidas de protección para las comunidades originarias afectadas y una respuesta más eficaz de las autoridades regionales. “La presencia del Estado es clave para proteger a los líderes hoy amenazados”, finalizó Alexa Vélez. “Han muerto 15 personas desde la pandemia y esperamos que la lista de víctimas no siga creciendo. Los operativos no están funcionando, pues las pistas se reabren rápidamente. ¿Quiénes enfrentan las represalias? Las personas que viven en esos territorios”.
